El Gobierno tiene previsto aprobar a lo largo del día de hoy en Consejo de Ministros los proyectos de ley para crear los impuestos que gravarán las transacciones financieras y los servicios digitales. Con estos nuevos impuestos, el Ejecutivo estima una recaudación de 1.200 millones de euros en el caso de los servicios digitales y 850 en el caso de las transacciones financieras.

Los anteproyectos de ley en ambos casos fueron sometidos a trámite de consulta pública para conocer la opinión de ciudadanos, asociaciones y organizaciones antes de la elaboración del proyecto normativo para finalmente ser aprobados el pasado mes de octubre.

La tasa Google

Al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales también se le conoce como la tasa Google. Con ella se gravarán a aquellas empresas que cuenten con ingresos anuales totales que estén por encima de los 750 millones de euros. Además de ello deberán contar con unos ingresos en España que estén por encima de los 3 millones de euros.

Este impuesto sigue la línea de la propuesta de la Comisión Europea, gravando el 3% de los servicios de publicidad en línea, así como los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información que sea proporcionada por el usuario durante su actividad en red o la venta de metadatos.

De la línea de actuación de este tipo impositivo quedarían excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de servicios de intermediación en línea. Tampoco entraría la venta de bienes o servicios contratados en línea a través de la web de los proveedores de dichos bienes o servicios siempre y cuando no actúe ningún intermediario.

Transacciones financieras

En este caso hablamos de un impuesto conocido como tasa Tobin  y se trata de un impuesto que gravará con un 0,2% todas las operaciones de compra de acciones españolas que sean ejecutadas por operadores del sector financiero. Estarán sometidas a este gravamen, por tanto, las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.  No quedarán gravadas con él la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. En este caso se habla de la figura del sujeto pasivo que quedaría representada por el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición y que deberá presentar la declaración anual de impuesto.

Lo que parece que no va a llegar este viernes es la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Entre otras medidas, este proyecto de ley incluye: limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de deudores a partir de 600.000 euros. También incluye una prohibición a las amnistías fiscales así como una serie de medidas internacionales para potenciar la lucha contra el fraude. Con todo este compendio de medidas, el Ejecutivo estima recaudar 500 millones de euros extra.

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