Mano escribiendo en un papel sobre impuestos

Impuesto de Actos Jurídicos. Tras una decisión del Supremo, esta tasa, que afecta entre otras a las hipotecas, pasará a ser responsabilidad de los bancos, no del cliente. Te explicamos en que consiste el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuánto cuesta y si puedes reclamarlo.

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ¿qué es?

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, es una tasa que se aplica sobre tres tipos de documentos: notariales, mercantiles y administrativos. El importe se calcula en base a una parte fija y otra variable. La primera parte de la obligatoriedad de que estos textos estén expedidos en papel timbrado. Así, cada folio del documento costaría 15 céntimos.

La parte complicada es la variable. Desde 2009, su establecimiento es competencia de las Comunidades Autónomas. Su recaudación reportó a las CCAA 8.000 millones de euros en 2018. Pero, la tasa aplicada varía de unas a otras. Navarra y País Vasco tienen el tipo más bajo del país, debido a su estatus de territorios forales: un 0,5% de la base imponible. Les siguen Madrid y Canarias, ambas con un 0,75% y La Rioja con un 1%. A continuación, Baleares y Asturias, con un 1,2%. El resto aplica un tipo del 1,5%.

¿Cómo afecta a las hipotecas?

Sin embargo, los problemas no acaban ahí. Unos de los documentos que paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados son las hipotecas, ya que se firman ante notario y quedan registradas como escrituras públicas.

Personas cerrando un acuerdo.

Pero para el cálculo de la parte variable del gravamen, no se tiene en cuenta el valor del préstamo, sino la responsabilidad hipotecaria total. Ésta contempla los intereses de demora, los costes que derivarían de un litigio por impago y otros gastos. Lo que provoca que la cantidad resultante siempre sea superior a la solicitada en el crédito.

Por lo tanto, para un préstamo de 100.000 euros, la responsabilidad hipotecaria puede moverse entre los 120.000 y los 200.000 euros -menos habitual-, dependiendo del banco. La cantidad final, que suele aparecer en la primera clausula de la hipoteca, es la que se toma como base imponible para calcular el tributo. Es decir, dependiendo de la CCAA, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a pagar oscilaría entre los 600 y los 3.000 euros.

Aunque también hay que tener en cuenta que muchas CCAA imponen exenciones a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, etc. O si el inmueble en cuestión se va a utilizar como vivienda habitual.

¿Qué ha cambiado en la Ley?

Pero, ¿cómo afecta a los ciudadanos de a pie? El real decreto señala que “será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales”. Es decir, que quién tenía que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el solicitante del préstamo.

Sin embargo, este jueves el Tribunal Supremo ha modificado esta jurisprudencia, contradiciendo su decisión del pasado febrero. Así, entiende que el interesado en registrar la hipoteca es el prestamista y que, por tanto, es quien debe correr con los gastos. Y es que solo con esa inscripción podrá el banco después ejecutar la hipoteca si, por ejemplo, hay impagos.

Calculadora, papeles y bolígrafo.

¿Se pueden hacer reclamaciones?

Ninguna de las partes se ha manifestado sobre la posible retroactividad de esta novedad legislativa. En principio la ley será aplicable en las hipotecas firmadas a partir de su entrada en vigor. Para las anteriores, en teoría, el cliente tendría que poder recuperar las tasas pagadas en los últimos cuatro años (el plazo de prescripción de los pagos de impuestos).

Esto abre la puerta a reclamaciones por parte de los clientes. Esto podría suponer un desembolso millonario en indemnizaciones para las entidades bancarias. De ahí la fuerte caída de los bancos ayer en Bolsa. Aunque todavía quedan muchos detalles por aclarar sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Por ejemplo, si la reclamación habría que hacerla ante la Agencia Tributaria o los propios bancos.

En cualquier caso, lo ideal es localizar las escrituras para cuando llegue el momento de hacer la reclamación. En un principio, en los casos de los últimos cuatro años, la reclamación debería hacerse a Hacienda -en las divisiones regionales. Esto ahorra al cliente el largo y costoso camino judicial. Si queremos dirigirnos a la entidad bancaria, es importante estar pendiente de los plazos de resolución de la solicitud (dos meses).

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