Huelga de taxistas en las principales ciudades españolas para exigir al Gobierno los cambios legales necesarios para garantizar el cumplimiento de la proporción 1 licencia VTC por cada 30 taxis. Un límite que se estableció el pasado junio por parte del Alto Tribunal, al considerar al taxi de “interés general ” para la población.

La huelga de taxistas para limitar las licencias de alquiler de vehículos de transporte con conductor continuará hasta hoy, miércoles 1 de agosto. Momento en el que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantendrá una reunión con las comunidades autónomas. Con el fin de atajar y solucionar la huelga de taxistas. Que ha afectado a miles de pasajeros y turistas en los últimos días. El ministro ya tuvo una reunión el pasado lunes con los taxistas y ayer martes, 3 de julio con el sector de VTC. Todo ello mientras continuaba la huelga de taxistas.

Asturias asegura que no van a secundar la huelga de taxistas. Porque consideran que las garantías de Fomento “son más que suficientes”.

Madrid y Cataluña se niegan a la propuesta del Ministerio de Fomento de transferir a las comunidades autónomas las competencias para que puedan tomar medidas en el sector de las VTC. La Federación Española del Taxi pide en la huelga de taxistas que la transferencia de las competencias sea vinculante y consensuada para todas las administraciones implicadas.

¿Qué buscan con la huelga de taxistas?

Madrid y Barcelona suman el 65% de las licencias VTC de nuestro país. Sólo en Madrid se pueden encontrar 4.308 de las 9.000 licencias que existen en nuestro país. En Barcelona, por su parte, existen 1.363 licencias VTC. En ninguno de los casos se estaría respetando la proporción 1/30. Ya que a nivel nacional estaríamos hablando de 1/7. Y en la Comunidad de Madrid de 1/3.

Lo que se pretende con la huelga de taxistas es que cambie la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Así como el reglamento que la hace funcionar. Buscan dos cambios concretos. El primero sería impedir a las licencias VTC la posibilidad de hacer trayectos urbanos. Y el segundo sería ceder a las Comunidades y los Ayuntamientos plenas competencias. Con el fin de instaurar sus propias regulaciones en relación a las VTC.

Así, el sector de taxi busca que los Ayuntamientos les apoyen y les protejan, al igual que ha hecho Ada Colau. O lo que es lo mismo, que puedan generar reglamentos propios limitando las licencias VTC que pueden operar en las ciudades, haciendo cumplir el 1/30.

La respuesta de las Comunidades

Las autonomías por su parte no se muestran dispuestas a recibir las condiciones de la huelga de taxistas que reclaman la eliminación de más de 7.100 licencias de VTC. Madrid se ha negado rotundamente mientras que la Generalitat ha exigido “recursos económicos” para hacerse con las competencias que la regulan.

El presidente madrileño, Ángel Garrido, aseguró que este problema es un asunto de alcance nacional. Y que ocurre de igual manera en todas las comunidades autónomas. Y que por lo tanto, para abordarlo se deberá trabajar juntos y no por separado. Sin embargo, la Generalitat representada por el director general de Transportes, Pere Padrosa, reclamó que el traspaso de las competencias sobre la regulación de las licencias VTC se lleve a cabo con todas las garantías y recursos necesarios.  Isidre Gavín, secretario de Infraestructuras y Movilidad del Gobierno catalán, tuvo una reunión con representantes del sector del taxi. A partir de la cual pidió que se hiciera un traspaso “efectivo y pleno” de las competencias. Y no solo del “problema” que surge a raíz del ratio 1/30.

Transferir este tipo de competencias en el momento actual, no tiene asociada una dotación económica. Esto significa que sería más difícil llegar a un acuerdo. Aunque según fuentes cercanas a la Generalitat, el espíritu del Gobierno regional es aceptar las competencias. Para intentar buscar un marco normativo que asegure la convivencia entre ambos sectores. Y poner fin a la huelga de taxistas.

A parte de Madrid y Cataluña solo Galicia se ha pronunciado. Ethel Vázquez, consejera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia,  afirma que se pueden “abordar transferir competencias, pero no problemas”. La consejera ha hecho especial hincapié en que esta polémica “se soluciona con un marco regulatorio equilibrado y claro”.

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