• El Estado propone medidas para evitar la repercusión del coste en los clientes

  • Una modificación de un artículo plantea excepciones

Históricamente, han sido los clientes los responsables de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sin embargo, tras someterse a deliberación por parte del Tribunal Supremo, se ha determinado que esta responsabilidad corresponde ahora a las entidades bancarias.

Casa de madera sobre calculadora

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que modifica oficialmente el artículo 29. Por lo tanto, se publica el viernes en el BOE y entra en vigor el sábado. También se modifica el Impuesto de Sociedades para evitar que estas entidades puedan deducirse dicho pago en el impuesto, aunque esta medida entrará en vigor el 1 de Enero.

¿Qué ha cambiado?

La sentencia ha sido muy controvertida a raíz del cambio de opinión del Tribunal Supremo. Inicialmente determinó que debían ser los bancos los encargados de abonar el impuesto. Unas tres semanas después, el Alto Tribunal declaró que los responsables serían los clientes. Tras esto, el Ejecutivo Central se ha posicionado. Finalmente, serán las entidades financieras quienes se vean afectadas. La Ministra Montero comentaba sobre el decreto aprobado por dicho ejecutivo y la confusión previa:

“Lamentamos el cambio de criterio producido esta semana por parte del Tribunal Supremo en la controvertida sentencia”

La excepción

El Gobierno ha modificado otro artículo, de tal forma que los bancos no tengan que abonar el impuesto en los préstamos concedidos a entidades. Estas incluirían a los partidos políticos, la Iglesia y el Estado. Es el único caso en el que los bancos podrán evitar hacerse responsables de este impuesto. Ya que las hipotecas se registran y constituyen ante notario, el pago no se puede eludir.

Apretón de manos

¿Y la repercusión del coste?

Una de las grandes preocupaciones de los clientes es que los bancos puedan repercutir este coste sobre ellos. El Ministerio de Economía ha confirmado estar trabajando en la creación de lo que definen como una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros. Será esta entidad quien, según explican, asegure que los bancos no puedan formular cláusulas abusivas o repercutir el coste del impuesto sobre el cliente.

De esta forma negaba la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los impuestos acabaran siendo pagados por el cliente cada vez que se les asignaban a empresas:

“Este Gobierno no cree en esa afirmación, las entidades financieras son responsables y hay competencia a la hora de ofrecer hipotecas”

El Gobierno también rechazó la posibilidad de eliminar este impuesto, ya que es una fuente de financiación que habría que sustituir por otra que aportara una cantidad similar, lo cual parece difícil en el panorama actual. La Ministra planteaba una reflexión: quien defiende la supresión del Impuesto de TP y AJD, ¿estaría también a favor de un deterioro del Estado de Bienestar?

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